¶ Preámbulo
¶ TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
¶ CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley
¶ Sección 1.ª Objeto y ámbito de aplicación
¶ Sección 2.ª Negocios y contratos excluidos
- Artículo 4. Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos.
- Artículo 5. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la Defensa y de la Seguridad.
- Artículo 6. Convenios y encomiendas de gestión.
- Artículo 7. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito internacional.
- Artículo 8. Negocios y contratos excluidos en el ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
- Artículo 9. Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio público y en el ámbito patrimonial.
- Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero.
- Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos.
¶ CAPÍTULO II. Contratos del sector público
¶ Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales
- Artículo 12. Calificación de los contratos.
- Artículo 13. Contrato de obras.
- Artículo 14. Contrato de concesión de obras.
- Artículo 15. Contrato de concesión de servicios.
- Artículo 16. Contrato de suministro.
Doctrina de la Junta consultiva de contratación administrativa:
Los contratos por los que las entidades públicas adquieren el derecho de uso de activos de software en la nube son contratos de suministro conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3 b) de la LCSP, a menos que se trate del desarrollo de programas de ordenador a medida del órgano de contratación en la nube, que serán contratos de servicios
JCCA Expediente: 13/2021
Compra de vehículos limpios
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre
¶ Sección 2.ª Contratos sujetos a una regulación armonizada
- Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos a una regulación armonizada: Umbral.
- Artículo 21. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: Umbral.
- Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral.
- Artículo 23. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada.
¶ Sección 3.ª Contratos administrativos y contratos privados
- Artículo 24. Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público.
- Artículo 25. Contratos administrativos.
- Artículo 26. Contratos privados.
- Artículo 27. Jurisdicción competente.
¶ TÍTULO I. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público
¶ CAPÍTULO I. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público
- Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.
- Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación.
contratación conjunta del mantenimiento de aplicaciones informáticas. Cláusula modelo
- Artículo 30. Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios no personificados.
- Artículo 31. Potestad de auto organización y sistemas de cooperación pública vertical y horizontal.
- Artículo 32. Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados.
- Artículo 33. Encargos de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador a medios propios personificados.
¶ CAPÍTULO II. Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato
¶ CAPÍTULO III. Perfección y forma del contrato
- Artículo 36. Perfección de los contratos.
- Artículo 37. Carácter formal de la contratación del sector público.
¶ CAPÍTULO IV. Régimen de invalidez
- Artículo 38. Supuestos de invalidez.
- Artículo 39. Causas de nulidad de derecho administrativo.
- Artículo 40. Causas de anulabilidad de derecho administrativo.
- Artículo 41. Revisión de oficio.
- Artículo 42. Efectos de la declaración de nulidad y efectos en supuestos de anulabilidad.
En el artículo se concluye que en aquellos supuestos en los que la declaración de invalidez se realiza con posterioridad a que el contratista haya realizado su prestación y cuando dicha prestación no es restituible, la obligación se transforma en una obligación de dar una suma de dinero equivalente al valor de la prestación indebidamente percibida en la cual se incluye el beneficio industrial que el contratista pretendía percibir, lo que equivale al lucro cesante
Nulidad de contratos del sector público e indemnización de lucro cesante
¶ CAPÍTULO V. Del recurso especial
- Artículo 44. Recurso especial en materia de contratación: actos recurribles.
- Artículo 45. Órgano competente para la resolución del recurso en la Administración General del Estado.
- Artículo 46. Órgano competente para la resolución del recurso en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
- Artículo 47. Recursos contra actos de poderes adjudicadores que no sean Administración Pública y en relación con contratos subvencionados.
- Artículo 48. Legitimación.
Impugnación de pliegos y presentación de oferta
Por tanto, señalaba este Tribunal que “no cabe sino concluir que en el régimen establecido por la vigente LCSP la admisibilidad del recurso especial frente a los pliegos requiere que el empresario que estime procedente cuestionar y que no constituya un supuesto de nulidad de pleno derecho, tenga que impugnar los mismos antes de presentar su oferta para que su recurso resulte admisible, y, una vez formulado dicho recurso, si el vicio de invalidez denunciado no le imposibilita participar en la licitación, habrá entonces de formular su proposición en dicho procedimiento”.
Doctrina Tarc sobre presentación de recurso a los pliegos y presentación de oferta
- Artículo 49. Solicitud de medidas cautelares.
- Artículo 50. Iniciación del procedimiento y plazo.
- Artículo 51. Forma y lugar de interposición del recurso especial.
- Artículo 52. Acceso al expediente.
- Artículo 53. Efectos derivados de la interposición del recurso.
- Artículo 54. Comunicaciones y notificaciones.
- Artículo 55. Inadmisión.
- Artículo 56. Tramitación del procedimiento.
- Artículo 57. Resolución del recurso especial.
- Artículo 58. Indemnizaciones y multas.
- Artículo 59. Efectos de la resolución del recurso especial.
- Artículo 60. Emplazamiento de las partes ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
¶ TÍTULO II. Partes en el contrato
¶ CAPÍTULO I. Órgano de contratación
¶ CAPÍTULO II. Capacidad y solvencia del empresario
¶ Sección 1.ª Aptitud para contratar con el sector público
Subsección 1.ª Normas generales y normas especiales sobre capacidad
- Artículo 65. Condiciones de aptitud.
- Artículo 66. Personas jurídicas.
- Artículo 67. Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
- Artículo 68. Empresas no comunitarias.
- Artículo 69. Uniones de empresarios.
Acumulación de solvencia
artículo 24 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Acumulación de clasificación
artículo 52 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar
- Artículo 71. Prohibiciones de contratar.
- Artículo 72. Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento.
- Artículo 73. Efectos de la declaración de la prohibición de contratar.
Sin duda, la división del objeto contractual en lotes en el supuesto de construcción de una infraestructura, es una gran novedad y una medida de enorme impacto, que supondrá diversificar los requisitos de solvencia y aumentará la complejidad ejecutiva de la prestación,
Informe 6/2018, de 26 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón
Sólo en los casos en que se considere que hay un único contrato por disponerlo así los pliegos o tratarse de la adjudicación de una oferta integradora, cabe establecer la solvencia y fijar la garantía en función del valor conjunto de los lotes adjudicados de manera integrada. En los supuestos en que se aplique la regla general de que existen tantos contratos como lotes, las condiciones de solvencia y de garantía deberán ir referidas al valor de cada lote.
Junta consultiva de Contratación Administrativa
Integrar es completar un todo con la parte que falta, por lo que, tal y como mantiene el órgano de contratación, es necesario que la UTE que formula la oferta disponga alguno de
sus miembros de un mínimo de solvencia técnica, para poder acudir a la de un tercero completar la que le falta.En el caso que nos ocupa, para poder hacer uso de la posibilidad de integrar el resto por medios externos, es necesario que una de las empresas integrantes de la UTE posea, al menos, en una parte mínima esa solvencia técnica.
Recurso 1131/2023 TARC
nuestra doctrina, antes citada, que sanciona con la exclusión la pretensión de completar las condiciones de aptitud exigidas en los pliegos con ocasión de la aportación documental prevista en el trámite del artículo 150.2 de la LCSP, cuando en el DEUC se ha consignado la voluntad del licitador de no integrar su aptitud para contratar recurriendo al concurso de terceros.
Recurso 353/2024
¶ 4. Integración de solvencia con medios externos
¶ Concepto
- Art. 75 LCSP: permite basarse en solvencia y medios de otras entidades.
- Independiente del vínculo jurídico, si se garantiza su disponibilidad durante el contrato.
- Posible incluso en UTEs, acumulando solvencia.
¶ Límites
- La entidad cedente:
- No puede estar incursa en prohibición de contratar (DEUC necesario).
- Si aporta títulos o experiencia, debe ejecutar esas prestaciones.
- Posible exigir responsabilidad conjunta o solidaria en solvencia económico-financiera.
- Puede exigirse que determinadas partes se ejecuten directamente por el adjudicatario.
¶ Formas de acreditación
- Libertad para escoger tipo de vínculo y prueba.
- No sirven meras declaraciones; se requiere compromiso por escrito.
- No basta con pertenecer a un grupo empresarial o aportar cuentas consolidadas.
¶ Alcance
- Se puede integrar solvencia económica-financiera y técnica/profesional.
- Respaldado por jurisprudencia europea (TJUE) y nacional (Audiencia Nacional).
¶ 5. Diferencia con la subcontratación
- Integración de solvencia: fase previa, para acreditar aptitud, afecta al operador económico adjudicatario.
- Subcontratación: fase de ejecución, encargo parcial a un tercero, sin alterar la responsabilidad del contratista frente a la Administración.
- No hay subcontratación cuando se contratan suministros o servicios auxiliares no autónomos.
¶ 6. Conclusiones principales
- Se reconoce el derecho a basarse en medios externos para solvencia, con las condiciones y límites señalados.
- La subcontratación y la integración de solvencia son figuras distintas, con implicaciones jurídicas diferenciadas.
Fuente: Javier Tena Ruiz, «La acreditación de la solvencia por medios externos», Revista Española de Control Externo, vol. XX, n.º 60 (2018).
Doctrina TARC sobre adscripción de medios personales
Así las cosas, el órgano de contratación, de acuerdo con el principio de discrecionalidad técnica, puede exigir a los licitadores que se comprometan a adscribir a la ejecución del contrato determinados medios personales cuyas titulaciones profesionales y experiencia constituyan una garantía de que se alcanza el nivel de calidad exigible en dicha ejecución, y siempre que ello no constituya una restricción prohibida o injustificada de la competencia.
En todo caso, la decisión de exigir la adscripción de determinados medios personales al contrato no puede ser arbitraria o caprichosa, sino que debe estar justificada en atención al interés público que subyace en el contrato.
Subsección 4.ª Clasificación de las empresas
- Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación.
- Artículo 78. Exención de la exigencia de clasificación.
- Artículo 79. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación.
- Artículo 80. Acuerdos o decisiones de clasificación: competencia, eficacia, recurso y clasificaciones divergentes.
- Artículo 81. Inscripción registral de la clasificación.
- Artículo 82. Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones.
- Artículo 83. Comprobación de los elementos de la clasificación.
¶ Sección 2.ª Acreditación de la aptitud para contratar
Subsección 1.ª Capacidad de obrar
Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar
Por tanto, a juicio de este Tribunal, tratándose de una empresa de nueva creación, existiría una razón válida, conforme al artículo 86.1 LCSP, para que el órgano de contratación le autorice a acreditar su solvencia económica por cualquier otro documento que el órgano de contratación considere adecuado y, en consecuencia, procede la estimación del recurso, acordando la retroacción de actuaciones para que la empresa recurrente pueda subsanar la falta de acreditación del requisito de solvencia económica, previo requerimiento del órgano de contratación en el que se le autorice a acreditar dicha solvencia por cualquier documento que considere adecuado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86.1 LCSP”
Doctrina del tribunal Recurso nº 1443/2022 C.A. Principado de Asturias 66/2022
- Artículo 88. Solvencia técnica en los contratos de obras.
- Artículo 89. Solvencia técnica en los contratos de suministro.
- Artículo 90. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios.
- Artículo 91. Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos.
- Artículo 92. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia.
- Artículo 93. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad.
- Artículo 94. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental.
- Artículo 95. Documentación e información complementaria.
- Artículo 96. Certificaciones de Registros de Licitadores.
- Artículo 97. Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.
¶ CAPÍTULO III. Sucesión en la persona del contratista
¶ TÍTULO III. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión
¶ CAPÍTULO I. Normas generales
Doctrina del TARC respecto a la división de lotes de los contratos
Doctrina TARC
Obviamente, si el precio d mercado se determina a ex artículo 102.4 en términos unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o de las distintas prestaciones parciales que integran el objeto del contrato o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten,es evidente que el presupuesto podrá, e incluso deberá, formarse y desglosarse por unidades de precio de mercado que entreguen o ejecuten hasta el número máximo previsto en el PCAP, sin necesidad ni obligación de desglosar en todo caso los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos en que incurra el suministrador o el prestador del servicio, en cuanto son innecesarios si se demandan por el órgano de contratación en la licitación en la forma de unidades a precio unitario, y no de prestaciones según costes de prestación
[…]
La exigencia del artículo 100.2 LCSP de que en los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indique de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia, solo es exigible en los contratos de servicios en que la ejecución de la prestación es a favor de la entidad contratante, que la recibe directamente, los costes salariales son los principales, y estos son los de los trabajadores empleados en la ejecución del contrato solo a favor de la entidad contratante.
TARC Recurso nº 549/2019
Lo cual no quiere decir que el órgano de contratación no esté obligado a justificar el coste del contrato, pero limitado a fundamentar el coste del precio/hora, lo que sí ha efectuado el órgano de
contratación.
TARC recurso 420/2023
Cálculo del valor estimado del contrato en concesiónes de servicio
sí se tienen en cuenta los precios del módulo de escolaridad, del horario ampliado y del coste de comedor por plaza, pero no otros conceptos contemplados en el tan citado artículo 8 de la Directiva de Concesiones, especialmente el valor de todos los suministros y servicios que los poderes o entidades adjudicadores pongan a disposición del concesionario, siempre que sean necesarios para la ejecución de las obras o la prestación de servicios, señalado en su apartado f). Dicho valor comprendería el del inmueble y su dotación, que no constan en el expediente administrativo, pero que tendrían que ascender a 4.316.004 euros, para alcanzar el umbral que determina que el contrato esté sujeto a regulación armonizada. Dicho valor por otro lado no debe computarse en su integridad, sino que deberá prorratearse teniendo en cuenta la duración del contrato, como señalábamos en nuestra Resolución 118/2016 de 23 de junio, para lo que consideramos adecuado a falta de otro valor especificado, el 6% anual del valor del inmueble, en aplicación del artículo 92 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
¶ CAPÍTULO II. Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público
- Artículo 103. Procedencia y límites.
- Artículo 104. Revisión en casos de demora en la ejecución.
- Artículo 105. Pago del importe de la revisión.
¶ TÍTULO IV. Garantías exigibles en la contratación del sector público
¶ CAPÍTULO I. Garantías exigibles en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas
¶ Sección 1.ª Garantía provisional
¶ Sección 2.ª Garantía definitiva
- Artículo 107. Exigencia de la garantía definitiva.
- Artículo 108. Garantías definitivas admisibles.
- Artículo 109. Constitución, reposición y reajuste de garantías.
- Artículo 110. Responsabilidades a que están afectas las garantías.
- Artículo 111. Devolución y cancelación de las garantías definitivas.
¶ Sección 3.ª Garantías prestadas por terceros y preferencia en la ejecución de garantías
- Artículo 112. Régimen de las garantías prestadas por terceros.
- Artículo 113. Preferencia en la ejecución de garantías.
¶ CAPÍTULO II. Garantías exigibles en otros contratos del sector público
LIBRO SEGUNDO. De los contratos de las Administraciones Públicas
¶ TÍTULO I. Disposiciones generales
¶ CAPÍTULO I. De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas
¶ Sección 1.ª De la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas
Subsección 1.ª Expediente de contratación
- Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
- Artículo 117. Aprobación del expediente.
- Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.
Este trabajo pretende analizar los problemas habituales que plantea el uso del contrato menor, analizando las circunstancias que generan conflicto en su uso, aportando la interpretación de la doctrina y mostrando al lector todas las perspectivas para que pueda sacar sus propias conclusiones.
Los últimos problemas prácticos del contrato menor 10/03/2023
Pero además, el Tribunal Supremo ha exigido que el requisito de urgencia tenga un carácter objetivo, es decir, independiente de la voluntad del órgano de contratación y este Tribunal se ha referido a la necesidad de que la causa de la urgencia no sea imputable al órgano de contratación en resolución 61/2023 (FJ 7)
(TARC Resolución nº 902/2025)
Subsección 2.ª Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
- Artículo 121. Pliegos de cláusulas administrativas generales.
- Artículo 122. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
- Artículo 123. Pliego de prescripciones técnicas generales.
- Artículo 124. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
- Artículo 125. Definición de determinadas prescripciones técnicas.
- Artículo 126. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.
- Artículo 127. Etiquetas.
- Artículo 128. Informes de pruebas, certificación y otros medios de prueba.
- Artículo 129. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de personas con discapacidad.
- Artículo 130. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.
¶ Sección 2.ª De la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas
Subsección 1.ª Normas generales
- Artículo 131. Procedimiento de adjudicación.
- Artículo 132. Principios de igualdad, transparencia y libre competencia.
- Artículo 133. Confidencialidad.
- Artículo 134. Anuncio de información previa.
- Artículo 135. Anuncio de licitación.
- Artículo 136. Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones.
- Artículo 137. Reducción de plazos en caso de tramitación urgente.
- Artículo 138. Información a interesados.
Doctrina TARC
Aclaraciones cuyo alcance no puede exceder de la interpretación de aquellos aspectos que el licitador perciba como oscuros, y que en todo caso debe ajustarse a los criterios de interpretación de los contratos contemplados en los artículos 1281 y siguientes del Código Civil (por todas, Resolución 105/2022 de 27 de enero).
De acuerdo con esta doctrina, en aquellos supuestos en los que las previsiones contenidas en los Pliegos por los que se rige la contratación (que constituyen la “lex contractus”) incurren en oscuridad, ambigüedad o contradicción, ello no puede originar un perjuicio para las empresas que toman parte en los procedimientos de licitación, y si no es posible resolver las dudas sobre su sentido con arreglo a las disposiciones de la LCSP, debe atenderse a las normas sobre la interpretación de los contratos contenidas en el Código Civil, una de la cuales es la recogida en su art. 1.288, con arreglo al cual “la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad”. En el caso de la contratación pública, la aplicación de esta norma implicará que las cláusulas de los Pliegos que adolezcan de oscuridad, ambigüedad o contradicción, no deberán interpretarse a favor de la parte que las redactó, el órgano de contratación, sino a favor de las empresas licitadoras que las hayan interpretado de forma razonable, en beneficio de la libre concurrencia y siempre con respeto a los principios de igualdad de trato y no discriminación.
Doctrina TARC
Doctrina TARC sobr exclusión de proposiciones por incumplimiento de las prescripciones técnicas
- Artículo 140. Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.
- Artículo 141. Declaración responsable y otra documentación.
Doctrina sobre el DEUC y su subsanación
La doctrina del Tribunal sobre la naturaleza del DEUC y su subsanación ha sido expuesta, entre otras, en la Resolución 115/2024, de 1 de febrero, en la que se realizaron las siguientes consideraciones.
En primer lugar, el DEUC debe considerarse un requisito formal que sustituye, en la fase inicial del procedimiento de licitación, la acreditación por los licitadores de su aptitud para contratar, y que ha venido a reemplazar las declaraciones responsables (Resolución 1278/2019, de 11 de noviembre). No forma parte de la oferta, sino de la proposición.
En segundo lugar, como regla general, el DEUC es subsanable, al tratarse de un medio de constatación provisional de las condiciones de los licitadores para participar en la adjudicación. Además, como se indicó en la Resolución 3/2024, de 11 de enero, no tiene sentido que un licitador declare que no cumple con los requisitos de aptitud para contratar exigidos en los pliegos.
Solo cuando los errores en la cumplimentación del DEUC comprometen el principio de concurrencia, otorgando al licitador una ventaja ilegítima —ya sea por error o por falsear la realidad—, se considera que no procede su subsanación. Esto sucede, específicamente, cuando en el DEUC no se manifiesta que el licitador va a recurrir a las capacidades de terceros para integrar su solvencia, y de las circunstancias no se deriva que se trate de un error.
La doctrina perfilada establece el principio general de subsanabilidad del DEUC, basado en que cualquier declaración consignada en él que suponga un incumplimiento de los requisitos de aptitud debe reputarse errónea, dado que no es lógico que un licitador concurra a un procedimiento sin reunir los requisitos exigidos.
Este principio cede en los casos en los que la declaración realizada en el DEUC vulnera el principio de libre concurrencia, otorgando incluso hipotéticamente una ventaja ilegítima al licitador. Esto ocurre cuando el licitador involucra capacidades de terceros para suplir las suyas, y no lo ha declarado previamente en el DEUC. Recurrir a dichas capacidades en el trámite del art. 150.2 de la LCSP, sin haberlo indicado en el DEUC, permite completar requisitos de aptitud fuera del plazo de presentación de proposiciones, lo que constituye una ventaja injustificada.
- Artículo 142. Admisibilidad de variantes.
- Artículo 143. Subasta electrónica.
- Artículo 144. Sucesión en el procedimiento.
- Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato.
El Tribunal establece en primer orden un criterio conceptual sobre las mejoras en la contratación pública, afirmando que (FJ 4º) se caracterizan por, “…el carácter accesorio de la mejora, ya que el contrato podría subsistir sin ningún problema si ninguno de los ofertantes llevase a cabo ninguna oferta de mejora. Es decir, el mismo se considera acabado con la determinación de los elementos esenciales”.
Referencia al observatorio de la contratación
Doctrina TARC sobre valoración de mejoras
Este Tribunal se decanta por la segunda interpretación porque el precepto transcrito, después de fijar la definición, especifica que las prestaciones adicionales no pueden alterar la naturaleza de las prestaciones establecidas en el PPTP, ni el objeto del contrato. Es evidente que las prestaciones ofrecidas, no obligatorias, que “mejoren” las mismas prestaciones establecidas en los pliegos, en ningún caso van a alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni el objeto del contrato. Por ello, parece que las “mejoras” a las que se refiere el artículo 145.7 de la LCSP son aquellas prestaciones “adicionales y distintas” a las definidas en el proyecto.
Doctrina sobre inscripción en Registro de Huella de Carbono
Pues bien, el Tribunal comparte el criterio de la empresa recurrente, ya que la inscripción en dicho Registro es una característica que afecta a la empresa en su conjunto, y no al concreto contrato al que se concurre, por lo que no lo considera vinculado al objeto del contrato, sin perjuicio de que pudiera exigirse, en su caso, como un requisito de solvencia técnica de carácter medioambiental.
- Artículo 147. Criterios de desempate.
- Artículo 148. Definición y cálculo del ciclo de vida.
- Artículo 149. Ofertas anormalmente bajas.
¶ Nueva práctica:
- Las ofertas deben clasificarse después de excluir aquellas que legalmente proceda excluir.
- Esto incluye la exclusión de ofertas que no hayan justificado y superado la presunción de anormalidad o que hayan sido excluidas del procedimiento por otros motivos.
¶ Aplicación del nuevo criterio:
- El órgano de contratación debe excluir a los licitadores cuya oferta se considere anormal y no haya sido justificada adecuadamente antes de proceder a la clasificación de las ofertas restantes.
Resolución nº 245/2024
“En todo caso, la suficiencia de la información ofrecida por el licitador debe analizarse a la vista de lo solicitado en el requerimiento por el órgano de contratación, de tal modo que si este considera imprescindible que se justifique un determinado aspecto de la oferta necesariamente lo ha de indicar en su requerimiento”
Recurso nº 1370/2022 C.A. Cantabria 61/2022
en primer lugar la existencia de una presunción de anormalidad en la oferta debe ser enervada por la justificación aportada por el licitador, por cuanto debe abrirse un proceso contradictorio de justificación de su oferta y de precisión de las condiciones de la misma;
en segundo lugar, las justificaciones a aportar han de ser precisas y suficientes, y han de explicar el bajo nivel de precios ofertado;
en tercer lugar la exhaustividad de tales justificaciones ha de ser mayor cuanto mayor sea la baja calculada de la oferta;
y finalmente que el objeto de análisis por parte del órgano de contratación es la justificación del viable cumplimiento de la oferta en los términos que aparezca planteada, es decir de asegurar que la misma puede ser cumplida, debiendo motivarse detalladamente en el caso de que la oferta se considere inviable.
Convenio colectivo aplicable: Nuestra doctrina (por todas, vid Resolución nº 552/2020) admite la validez del cálculo de los costes laborales para la justificación de la oferta incursa en presunción de anormalidad, realizada con base en un convenio distinto del que figure en los pliegos para el cálculo del presupuesto base de licitación. Ahora bien, ello es posible si y solo si se acredita que ese convenio es el que realmente resulta aplicable a la empresa en cuestión
TARC recurso 626/2023
Doctrina TARC sobre incummplimiento de las prescripciones técnicas
Es criterio reiterado de este Tribunal la obligación de los licitadores de cumplir con las prescripciones establecidas en el PPT siendo la consecuencia obligada, en caso de incumplimiento, la exclusión del procedimiento y, ello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
[…]
que el incumplimiento del PPT por la descripción técnica contenida en la oferta ha de ser expreso y claro. Sólo cuando el incumplimiento sea expreso, de modo que no quepa duda alguna de que la oferta es incongruente o se opone abiertamente a las prescripciones técnicas contenidas en el pliego, procede la exclusión
Doctrina TARC sobre discreccionalidad técnica de las valoraciones
Pues bien, la doctrina que de forma reiterada se contiene en las resoluciones de este Tribunal (por todas Resolución nº 6/2016, de 12 de enero) es que la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor es de apreciación discrecional por los órganos técnicos de la Administración, por lo tanto, el análisis que puede efectuar este Tribunal ha de quedar limitado de forma exclusiva a los aspectos formales de la valoración, tales como las normas de competencia o de procedimiento, que en la valoración no se hayan aplicado criterios arbitrarios o discriminatorios, o que no se haya incurrido en error material que pueda afectarla. Lo que este Tribunal no puede hacer, es sustituir la decisión sobre el concreto valor atribuido a un aspecto de la oferta por otro distinto, pues ello supone sustituir el juicio del órgano experto competente para ello por el juicio del Tribunal.
Doctrina TARC precios cero
(…) la admisibilidad o no de precios cero o casi cero depende, en cada caso, de que se trate realmente de precios diferenciados de prestaciones distintas del contrato licitado o de componentes o costes de un único precio de una sola prestación objeto del contrato. En este último caso, salvo que lo prohíba el PCAP, se viene admitiendo, salvo excepción en función de las circunstancias del caso, la formulación en la oferta de uno o varios componentes o costes diferenciados de la prestación única a importe cero o casi cero, pues, en definitiva, van a determinar un precio único real y efectivo, y solo son costes del precio único. No ocurre lo mismo cuando el objeto del contrato licitado se integra por prestaciones distintas a cada una de las cuales, por determinación del PCAP, se ha de ofertar un precio que es objeto de valoración y asignación de puntos diferenciadas de los otros, supuestos en los que las ofertas de los distintos precios se presta a maniobras contrarias a la buena fe, concurrencia e igualdad entre licitadores en el procedimiento, y pueden dirigirse a finalidades en fraude de ley, distorsionando el sistema de valoración de las ofertas y la correcta aplicación de los criterios objetivos dirigidos a determinar la oferta económicamente más ventajosa, en cuanto que, en los casos de precio cero o casi cero o irrisorios, podrían valorarse las ofertas mediante el criterio mejor precio respecto de unos precios ficticios vaciados de contenido, no porque no existan costes en la ejecución de la prestación, sino porque los costes correspondientes se han trasladado a la oferta de precio de otra u otras prestaciones en la que compensa, a efectos de valoración, obtener menos puntos al ser mayor la diferencia a su favor por los que se obtienen de más indebidamente en la oferta de la prestación con precios cero o irrisorios o ficticios.
Doctrina TARC para rechazo de notificaciones
Para los supuestos de falta de constancia de la recepción, dado que no se contempla esta situación, específicamente, en la LCSP, habrá de estarse por aplicación de la disposición final cuarta.1 de la LCSP, a la aplicación supletoria de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como indicamos en nuestra resolución 503/2021, de 30 de abril de 2021, y en la misma dirección el informe nº 55/2019, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en cuyo artículo 43, se señala:
“2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
Planteado el debate en estos términos, debemos comenzar señalando que la imposición de la penalidad prevista en el artículo 150.2 de la LCSP, solo debe operar automáticamente, cuando traiga causa de una decisión de exclusión fundada en alguno de los siguientes supuestos: retirada voluntaria e injustificada de la oferta, los supuestos denominados de autoexclusión en terminología acuñada por este Tribunal (Resolución 15/2022) y sin que proceda aplicar el art. 158.4 de la LCSP (Resolución nº 159/2022), aportación de documentación falsa (Resolución nº 202/2022) e incumplimiento total del requerimiento del art.150.2 de la LCSP. Fuera de dichos supuestos, la imposición no puede ser automática.
En el resto de supuestos habrá de diferenciarse entre un incumplimiento grave del requerimiento imputable al licitador (vid Resolución nº 1043/2022 que analiza un incumplimiento por causa totalmente ajena al licitador) y su cumplimiento defectuoso o imperfecto, de forma que solo el primero activaría la doble consecuencia jurídica: retirada de la oferta e imposición de penalidad
Resolución nº 1474/2022
- Artículo 151. Resolución y notificación de la adjudicación.
- Artículo 152. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración.
Doctrina del TARC sobre renuncia a la celebración de los contratos
El desistimiento, ha señalado el Tribunal Supremo (STS de 10 de marzo de 2020 —Roj STS 825/2020—) no es una prerrogativa de la Administración. Se trata de una potestad reglada, que debe estar basada en razones objetivas.
La predeterminación normativa precisa que integra el ejercicio de las potestades regladas determina que la Administración se limite a constatar el presupuesto de hecho (la vulneración normativa en la preparación o adjudicación del contrato) y atribuirle el resultado establecido por la Ley.
Doctrina TARC sobre desistimiento
- Artículo 154. Anuncio de formalización de los contratos.
- Artículo 155. Comunicación a los candidatos y a los licitadores.
Subsección 2.ª Procedimiento abierto
- Artículo 156. Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación.
- Artículo 157. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación.
- Artículo 158. Adjudicación.
Subsección 3.ª Procedimiento restringido
- Artículo 161. Solicitudes de participación.
- Artículo 162. Selección de candidatos.
- Artículo 163. Contenido de las invitaciones e información a los candidatos.
- Artículo 164. Proposiciones.
- Artículo 165. Adjudicación.
Subsección 4.ª Procedimientos con negociación
- Artículo 166. Caracterización y delimitación de la materia objeto de negociación.
- Artículo 167. Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación.
- Artículo 168. Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad.
Supuesto Inadecuación de las ofertas
Se consderan inadecuadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 167. (interpretación propia basada en lo que dice el artículo 26, 32 de la directiva)
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de junio de 2022
Supuesto: 2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte única no integrante del Patrimonio Histórico español o actuación artística única; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
En definitiva, pues, para acudir al supuesto legal de procedimiento negociado es necesario que el órgano de contratación justifique y acredite que es imposible promover la concurrencia porque objetivamente solo existe una empresa que pueda encargarse de la ejecución del contrato, no concurriendo una razón técnica determinante de la exclusividad cuando, además de existir alternativas razonables en el mercado, la exclusividad fuera consecuencia de una restricción artificial de los parámetros de la contratación al exigirse en los pliegos unos requisitos técnicos que solo puede cumplir una empresa determinada
TARC doctrina en realción al apartado
- Artículo 169. Tramitación del procedimiento de licitación con negociación.
- Artículo 170. Especialidades en la tramitación del procedimiento negociado sin publicidad.
- Artículo 171. Información a los licitadores.
Subsección 5.ª Diálogo competitivo
- Artículo 172. Caracterización.
- Artículo 173. Primas o compensaciones.
- Artículo 174. Apertura del procedimiento y solicitudes de participación.
- Artículo 175. Diálogo con los candidatos.
- Artículo 176. Presentación, examen de las ofertas y adjudicación.
Subsección 6.ª Procedimiento de asociación para la innovación
- Artículo 177. Caracterización del procedimiento de asociación para la innovación.
- Artículo 178. Selección de candidatos.
- Artículo 179. Negociación y adjudicación de la asociación.
- Artículo 180. Estructura de la asociación para la innovación.
- Artículo 181. Adquisiciones derivadas del procedimiento de asociación para la innovación.
- Artículo 182. Configuración y seguimiento de la asociación para la innovación por parte del órgano de contratación.
Subsección 7.ª Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos
- Artículo 183. Ámbito de aplicación.
- Artículo 184. Bases del concurso.
- Artículo 185. Participantes.
- Artículo 186. Publicidad.
- Artículo 187. Jurado y decisión del concurso.
¶ Sección 3.ª De los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos
Subsección 1.ª Efectos de los contratos
Subsección 2.ª Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos
Subsección 3.ª Ejecución de los contratos
- Artículo 192. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.
- Artículo 193. Demora en la ejecución.
- Artículo 194. Daños y perjuicios e imposición de penalidades.
- Artículo 195. Resolución por demora y ampliación del plazo de ejecución de los contratos.
- Artículo 196. Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros.
- Artículo 197. Principio de riesgo y ventura.
- Artículo 198. Pago del precio.
- Artículo 199. Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas.
- Artículo 200. Transmisión de los derechos de cobro.
- Artículo 201. Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
- Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden.
Subsección 4.ª Modificación de los contratos
- Artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales.
- Artículo 206. Obligatoriedad de las modificaciones del contrato.
- Artículo 207. Especialidades procedimentales.
Subsección 5.ª Suspensión y extinción de los contratos
- Artículo 208. Suspensión de los contratos.
- Artículo 209. Extinción de los contratos.
- Artículo 210. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación.
- Artículo 211. Causas de resolución.
Subsección 6.ª Cesión de los contratos y subcontratación
- Artículo 216. Pagos a subcontratistas y suministradores.
- Artículo 217. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.
¶ CAPÍTULO II. Racionalización técnica de la contratación
¶ Sección 1.ª Normas generales
¶ Sección 2.ª Acuerdos marco
- Artículo 219. Funcionalidad y límites.
- Artículo 220. Procedimiento de celebración de acuerdos marco.
- Artículo 221. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco.
¶ Sección 3.ª Sistemas dinámicos de adquisición
- Artículo 223. Delimitación.
- Artículo 224. Implementación.
- Artículo 225. Incorporación de empresas al sistema.
- Artículo 226. Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición.
¶ Sección 4.ª Centrales de contratación
Subsección 1.ª Normas generales
- Artículo 227. Funcionalidad y principios de actuación.
- Artículo 228. Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
- Artículo 229. Régimen general.
- Artículo 230. Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la información.
¶ TÍTULO II. De los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas
¶ CAPÍTULO I. Del contrato de obras
¶ Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de obras
- Artículo 231. Proyecto de obras.
- Artículo 232. Clasificación de las obras.
- Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración.
- Artículo 234. Presentación del proyecto por el empresario.
- Artículo 235. Supervisión de proyectos.
- Artículo 236. Replanteo del proyecto.
¶ Sección 2.ª Ejecución del contrato de obras
- Artículo 237. Comprobación del replanteo.
- Artículo 238. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista.
- Artículo 239. Fuerza mayor.
¶ Sección 3.ª Modificación del contrato de obras
¶ Sección 4.ª Cumplimiento del contrato de obras
¶ Sección 5.ª Resolución del contrato de obras
¶ CAPÍTULO II. Del contrato de concesión de obras
¶ Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras
- Artículo 247. Estudio de viabilidad.
- Artículo 248. Anteproyecto de construcción y explotación de las obras.
- Artículo 249. Proyecto de las obras y replanteo de este.
- Artículo 250. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
¶ Sección 2.ª Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones
¶ Sección 3.ª Construcción de las obras objeto de concesión
- Artículo 252. Modalidades de ejecución de las obras.
- Artículo 253. Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros.
- Artículo 254. Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras.
- Artículo 255. Modificación del proyecto.
- Artículo 256. Comprobación de las obras.
¶ Sección 4.ª Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la Administración concedente
Subsección 1.ª Derechos y obligaciones del concesionario
- Artículo 257. Derechos del concesionario.
- Artículo 258. Obligaciones del concesionario.
- Artículo 259. Uso y conservación de las obras.
- Artículo 260. Zonas complementarias de explotación comercial.
Subsección 2.ª Prerrogativas y derechos de la Administración
- Artículo 261. Prerrogativas y derechos de la Administración.
- Artículo 262. Modificación de las obras.
- Artículo 263. Secuestro o intervención de la concesión.
- Artículo 264. Penalidades por incumplimiento del concesionario.
¶ Sección 5.ª Régimen económico financiero de la concesión
- Artículo 265. Financiación de las obras.
- Artículo 266. Aportaciones Públicas a la construcción y garantías a la financiación.
- Artículo 267. Retribución por la utilización de las obras.
- Artículo 268. Aportaciones públicas a la explotación.
- Artículo 269. Obras diferenciadas.
- Artículo 270. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.
¶ Sección 6.ª Financiación privada
Subsección 1.ª Emisión de títulos por el concesionario
- Artículo 271. Emisión de obligaciones y otros títulos.
- Artículo 272. Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario.
Subsección 2.ª Hipoteca de la concesión
- Artículo 273. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos.
- Artículo 274. Derechos del acreedor hipotecario.
- Artículo 275. Ejecución de la hipoteca.
- Artículo 276. Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de resolución concesional.
Subsección 3.ª Otras fuentes de financiación
¶ Sección 7.ª Extinción de las concesiones
- Artículo 278. Prórroga del plazo de las concesiones y extinción de la concesión por transcurso del plazo.
- Artículo 279. Causas de resolución.
- Artículo 280. Efectos de la resolución.
- Artículo 281. Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.
- Artículo 282. Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.
- Artículo 283. Destino de las obras a la extinción de la concesión.
¶ CAPÍTULO III. Del contrato de concesión de servicios
¶ Sección 1.ª Delimitación del contrato de concesión de servicios
¶ Sección 2.ª Régimen jurídico
Subsección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios
No obstante lo anterior, este Tribunal considera oportuno pronunciarse sobre esta cuestión y no puede más que acoger las alegaciones del órgano de contratación y del adjudicatario, pues la regulación, en cuanto a la cuestión controvertida, se establece en el artículo 285.2 de la LCSP que se refiere a los contratos de concesión de servicios no siendo aplicable de forma supletoria, en este aspecto, lo previsto para los contratos de concesión de obras, pues tiene su regulación específica.
De acuerdo con el reiterado artículo 285.2, el órgano de contratación aprobará un estudio de viabilidad o en su caso un estudio de viabilidad económico-financiera. En el presente supuesto ha optado por la elaboración de un estudio de viabilidad económico-financiera justificando dicha opción, a pesar de no ser exigible. Añadir que de acuerdo con la LCSP no es exigible ni el trámite de información pública ni su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Tribunal Contratación Madrid Resolución 190/2022
En fin, si el legislador hubiera querido la aplicación al estudio de viabilidad del artículo 285.2 de la LCSP, de lo previsto para la concesión de obras en el artículo 247.5 de la LCSP, así lo habría dispuesto y no lo ha hecho.
TARC Resolución nº 303/2020
Subsección 2.ª Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios
¶ Sección 3.ª Ejecución del contrato de concesión de servicios
- Artículo 287. Ejecución del contrato de concesión de servicios.
- Artículo 288. Obligaciones generales.
- Artículo 289. Prestaciones económicas.
¶ Sección 4.ª Modificación del contrato de concesión de servicios
El aumento del salario mínimo interprofesional no se puede considerar «per se» un riesgo imprevisible que justifique ineludiblemente el reconocimiento de un reequilibrio económico del contrato.
Jurisprudencia
¶ Sección 5.ª Cumplimiento y efectos del contrato de concesión de servicios
- Artículo 291. Reversión.
- Artículo 292. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares.
- Artículo 293. Incumplimiento del concesionario.
¶ Sección 6.ª Resolución del contrato de concesión de servicios
¶ Sección 7.ª Subcontratación del contrato de concesión de servicios
¶ Sección 8.ª Regulación supletoria del contrato de concesión de servicios
¶ CAPÍTULO IV. Del contrato de suministro
¶ Sección 1.ª Regulación de determinados contratos de suministro
¶ Sección 2.ª Ejecución del contrato de suministro
- Artículo 300. Entrega y recepción.
- Artículo 301. Pago del precio.
- Artículo 302. Pago en metálico y en otros bienes.
- Artículo 303. Facultades de la Administración en el proceso de fabricación.
¶ Sección 3.ª Cumplimiento del contrato de suministro
- Artículo 304. Gastos de entrega y recepción.
- Artículo 305. Vicios o defectos durante el plazo de garantía.
¶ Sección 4.ª Resolución del contrato de suministro
¶ CAPÍTULO V. Del contrato de servicios
¶ Sección 1.ª Disposiciones generales
- Artículo 308. Contenido y límites.
- Artículo 309. Determinación del precio.
- Artículo 310. Régimen de contratación para actividades docentes.
¶ Sección 2.ª Ejecución de los contratos de servicios
- Artículo 311. Ejecución, responsabilidad del contratista y cumplimiento de los contratos de servicios.
- Artículo 312. Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía.
¶ Sección 3.ª Resolución de los contratos de servicios
¶ Sección 4.ª De la subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras
- Artículo 314. Subsanación de errores y corrección de deficiencias.
- Artículo 315. Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y responsabilidad por defectos o errores del proyecto.
LIBRO TERCERO. De los contratos de otros entes del sector público
¶ TÍTULO I. Contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas
- Artículo 316. Régimen jurídico.
- Artículo 317. Preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada.
- Artículo 318. Adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada.
- Artículo 319. Efectos y extinción.
- Artículo 320. De la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto.
¶ TÍTULO II. Contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores
- Artículo 321. Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
- Artículo 322. Efectos, modificación y extinción de los contratos. Responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto.
LIBRO CUARTO. Organización administrativa para la gestión de la contratación
¶ TÍTULO I. Órganos competentes en materia de contratación
¶ CAPÍTULO I. Órganos de contratación
- Artículo 323. Órganos de contratación estatales.
- Artículo 324. Autorización para contratar.
- Artículo 325. Desconcentración.
¶ CAPÍTULO II. Órganos de asistencia
Recordemos que las actas de la mesa de contratación constituyen actos de trámite que no generan […] ningún derecho, por lo que su modificación no está sujeta a los límites de la revisión de oficio de los actos favorables o declarativos de derechos
Doctrina TARC sobre naturaleza de los actos de las mesas de contratación
El incumplimiento de lo establecido en el apartado 5 es motivo de nulidad del procedimiento
Las Mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional
Recurso nº 1545/2023 C.A. Región de Murcia nº 115/2023
¶ CAPÍTULO III. Órganos consultivos
- Artículo 328. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
- Artículo 329. Comité de cooperación en materia de contratación pública.
- Artículo 330. Órganos consultivos en materia de contratación pública de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
- Artículo 331. Aportación de información por las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
- Artículo 332. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
- Artículo 333. La Oficina Nacional de Evaluación.
- Artículo 334. Estrategia Nacional de Contratación Pública.
¶ CAPÍTULO IV. Elaboración y remisión de información
- Artículo 335. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.
- Artículo 336. Informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación de los contratos.
¶ TÍTULO II. Registros Oficiales
¶ CAPÍTULO I. Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
- Artículo 337. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- Artículo 338. Inscripciones y publicaciones de oficio.
- Artículo 339. Inscripciones a solicitud de los interesados.
- Artículo 340. Competencia para la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- Artículo 341. Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas.
- Artículo 342. Voluntariedad de la inscripción.
- Artículo 343. Actualización de la información registral.
- Artículo 344. Publicidad.
- Artículo 345. Colaboración entre Registros.
¶ CAPÍTULO II. Registro de Contratos del Sector Público
¶ TÍTULO III. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos
¶ [Disposiciones adicionales]
- Disposición adicional primera. Contratación en el extranjero.
- Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales.
- Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales.
- Disposición adicional cuarta. Contratos reservados.
Disposición adicional decimonovena. Contratos reservados en la gestión de residuos textiles.
De conformidad con la disposición adicional cuarta de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en relación con las obligaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles y enseres, los contratos de las administraciones públicas serán licitados y adjudicados de manera preferente a través de contratos reservados.
Para dar cumplimiento a dicha obligación, al menos el 50% del importe de adjudicación deberá ser objeto de contratación reservada a Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de iniciativa social autorizados para el tratamiento de residuos. En caso contrario, la administración pública y el órgano de contratación deberán justificarlo debida y motivadamente en el expediente y podrá ser objeto de recurso especial o de los recursos establecidos en materia de contratación pública.
- Disposición adicional quinta. Publicación de anuncios.
- Disposición adicional sexta. Disposiciones aplicables a las Universidades Públicas.
- Disposición adicional séptima. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.
- Disposición adicional octava. Contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales.
- Disposición adicional novena. Normas especiales para la contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones.
- Disposición adicional décima. Modificaciones de cuantías, plazos y otras derivadas de los anexos de directivas comunitarias.
- Disposición adicional undécima. Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea.
- Disposición adicional duodécima. Cómputo de plazos.
- Disposición adicional decimotercera. Referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Disposición adicional decimocuarta. Sustitución de letrados en las Mesas de contratación.
- Disposición adicional decimoquinta. Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley.
- Disposición adicional decimosexta. Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley.
- Disposición adicional decimoséptima. Requisitos específicos relativos a las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de documentos.
- Disposición adicional decimoctava. Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad.
- Disposición adicional decimonovena. Conciertos para la prestación de asistencia sanitaria celebrados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
- Disposición adicional vigésima. Reglas especiales sobre competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las comunicaciones.
- Disposición adicional vigésima primera. Contratos de suministro con empresas extranjeras.
- Disposición adicional vigésima segunda. Adjudicación de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios a sociedades de economía mixta.
- Disposición adicional vigésima tercera. Coordinación entre los órganos de resolución de recursos especiales en materia de contratación.
- Disposición adicional vigésima cuarta. Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y de su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC).
- Disposición adicional vigésima quinta. Protección de datos de carácter personal.
- Disposición adicional vigésima sexta. Agrupaciones europeas de cooperación territorial.
- Disposición adicional vigésima séptima. Adquisición Centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud.
- Disposición adicional vigésima octava. Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
- Disposición adicional vigésima novena. Régimen de los órganos competentes para resolver los recursos de la Administración General del Estado y Entidades Contratantes adscritas a ella.
- Disposición adicional trigésima. Autorización del Consejo de Ministros en concesiones de autopistas de competencia estatal.
- Disposición adicional trigésima primera. Formalización conjunta de acuerdos marco para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral.
- Disposición adicional trigésima segunda. Obligación de presentación de facturas en un registro administrativo e identificación de órganos.
- Disposición adicional trigésima tercera. Contratos de suministros y servicios en función de las necesidades.
- Disposición adicional trigésima cuarta. Referencias a contratos de gestión de servicios públicos.
- Disposición adicional trigésima quinta. Publicación de datos en e-Certis e informe sobre la dirección del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- Disposición adicional trigésima sexta. Convocatoria de la licitación de contratos de concesión de servicios especiales del anexo IV.
- Disposición adicional trigésima séptima. Contratos declarados secretos o reservados.
- Disposición adicional trigésima octava. No incremento de gastos.
- Disposición adicional trigésima novena. Régimen de contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias.
- Disposición adicional cuadragésima. Operadores públicos del sector de las telecomunicaciones.
- Disposición adicional cuadragésima primera. Normas específicas de contratación pública de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo.
- Disposición adicional cuadragésima segunda. En relación con la actividad comercial del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Disposición adicional cuadragésima tercera. Naturaleza jurídica de las contraprestaciones económicas por la explotación de obras públicas o la prestación de servicios públicos en régimen de Derecho privado.
- Disposición adicional cuadragésima cuarta. Régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.
- Disposición adicional cuadragésima quinta. Remisión de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios al Comité Técnico de Cuentas Nacionales.
- Disposición adicional cuadragésima sexta. Remisión de información relativa a contratación del Sector Público Autonómico y Local al Comité Técnico de Cuentas Nacionales.
- Disposición adicional cuadragésima séptima. Principios aplicables a los contratos de concesión de servicios del anexo IV y a los contratos de servicios de carácter social, sanitario o educativo del anexo IV.
- Disposición adicional cuadragésima octava. Reserva de ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones.
- Disposición adicional cuadragésima novena. Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos de carácter social.
- Disposición adicional quincuagésima. Paraísos Fiscales.
- Disposición adicional quincuagésima primera. Pagos directos a los subcontratistas.
- Disposición adicional quincuagésima segunda. Referencias en la Ley a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
- Disposición adicional quincuagésima tercera. Servicio público de noticias de titularidad estatal.
- Disposición adicional quincuagésima cuarta. Régimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Disposición adicional quincuagésima quinta. Régimen jurídico de «Hulleras del Norte S.A., S.M.E.» (HUNOSA) y sus filiales y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, como medios propios y servicios técnicos.
¶ [Disposiciones transitorias]
- Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
- Disposición transitoria segunda. Determinación de cuantías por los departamentos ministeriales respecto de las entidades que tengan la consideración de poder adjudicador y que estén adscritos a los primeros.
- Disposición transitoria tercera. Inscripción en el Registro de Licitadores en el procedimiento abierto simplificado del artículo 159.
- Disposición transitoria cuarta. Estatutos de los medios propios personificados.
- Disposición transitoria quinta. Instrucciones internas de contratación.
¶ [Disposiciones derogatorias]
¶ [Disposiciones finales]
- Disposición final primera. Títulos competenciales.
- Disposición final segunda. Comunidad Foral de Navarra.
- Disposición final tercera. Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Disposición final cuarta. Normas aplicables a los procedimientos regulados en esta Ley y a los medios propios personificados.
- Disposición final quinta. Incorporación de derecho comunitario.
- Disposición final sexta. Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica.
- Disposición final séptima. Fomento de la celebración de negocios y contratos en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación.
- Disposición final octava. Desarrollo reglamentario.
- Disposición final novena. Modificación de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen jurídico de las tasas y los precios públicos.
- Disposición final décima. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Disposición final undécima. Modificación de la Disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Disposición final duodécima. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Disposición final decimotercera. Modificación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
- Disposición final decimocuarta. Modificación del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
- Disposición final decimoquinta. Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Disposición final decimosexta. Entrada en vigor.
¶ Anexos
ANEXO I. Trabajos contemplados en el artículo 13